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La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha adoptado discretamente una nueva política de elegibilidad que exige a todas las jugadoras del circuito profesional someterse a una prueba genética de detección del sexo biológico. Revelada el 19 de julio por el periodista estadounidense Ben Rothenberg en su plataforma Bounces, oficializada al día siguiente por el organismo y en vigor desde el 1 de julio de 2026, la medida constituye una primicia absoluta para una liga profesional femenina independiente.
Un hisopo, una carrera
En caso de resultado positivo, se activa una evaluación médica complementaria antes de que la WTA decida sobre la elegibilidad.
El mecanismo se basa en un análisis único del gen SRY (Región Determinante del Sexo en el Cromosoma Y), un fragmento de ADN situado en el cromosoma Y que controla, en el feto, el desarrollo de las características sexuales masculinas. La muestra se toma mediante frotis bucal, análisis de sangre o muestra de saliva, y el resultado negativo equivale a un pase definitivo: ninguna jugadora cuyo test no detecte el gen tendrá que someterse a él una segunda vez.
En caso de resultado positivo, se activa una evaluación médica complementaria antes de que la WTA decida sobre la elegibilidad. La organización ha encargado a Phuel Sports Science, una empresa con sede en Colorado, la administración de todo el programa de detección.
Cada jugadora también debe firmar un documento en el que reconoce que negarse a la prueba la expone a sanciones disciplinarias, incluida una posible suspensión y, precisa el texto, la perspectiva de que «el motivo de su inelegibilidad se haga público o sea objeto de especulación pública». La fórmula, inusualmente directa, deja poco lugar a la ambigüedad.
Una página pasada tras medio siglo
La WTA cuenta con una política de elegibilidad desde 1975. Su versión anterior, revisada en octubre de 2024, permitía a las mujeres transgénero competir bajo dos condiciones: una identidad de género femenina o no binaria declarada por escrito, y un nivel de testosterona mantenido por debajo de 2,5 nmol/L durante los veinticuatro meses anteriores a la primera competición, y luego de forma continua. No se exigía ninguna intervención quirúrgica ni reconocimiento legal. El texto se fijaba como misión «facilitar la participación de jugadoras transgénero y de jugadoras con diferencias en el desarrollo sexual, en un entorno seguro y libre de acoso».
Sin embargo, este marco nunca se ha activado: ninguna jugadora transgénero está registrada en el circuito de la WTA, y no lo ha estado en casi medio siglo. La reescritura de 2026 sustituye este enfoque inclusivo por una definición biológica estricta, precisando al mismo tiempo que la distinción entre sexo e identidad de género no tiene «ninguna intención de faltar al respeto ni de cuestionar la identidad de género o la dignidad de nadie».
En su comunicado, la WTA justifica el giro por la voluntad de «promover la igualdad de oportunidades deportivas en el tenis profesional femenino y mantener una competición justa». La organización menciona consultas con sus miembros e invoca «la evolución de las normas en el deporte femenino».
Una alineación mundial
El tenis se suma a una dinámica más amplia. World Athletics exige desde septiembre de 2025 una prueba genética a las atletas que deseen competir en la categoría femenina de las competiciones de clasificación mundial. World Boxing adoptó en mayo de 2025 la detección del gen SRY para todas sus competidoras. El Comité Olímpico Internacional, por último, dio el paso en marzo de 2026, condicionando la participación en los Juegos de Los Ángeles 2028 a este mismo examen, un calendario que sitúa a la WTA en conformidad anticipada con el requisito olímpico.
La decisión no es unánime. Martina Navratilova, dieciocho veces ganadora de Grand Slam y figura histórica del tenis femenino, ha elogiado la medida en las redes sociales, considerando que no hay «nada de transfóbico en una prueba de sexo» y que la regla «apoya a todas las mujeres». Enfrente, varias voces denuncian una escalada regulatoria que responde a una amenaza inexistente mientras expone a las atletas a una intrusión médica sin precedentes en su disciplina.
El contexto político estadounidense pesa sobre el asunto. Varios estados han legislado en los últimos años para restringir la participación de deportistas transgénero en competiciones femeninas, un frente impulsado en gran medida por políticos republicanos. La WTA, con sede en San Petersburgo, Florida, se mueve en este entorno polarizado.
La implementación concreta de la detección — calendario de despliegue entre las jugadoras ya clasificadas, protocolo de confidencialidad de los datos genéticos, tratamiento de los casos litigiosos — sigue por precisar. La WTA promete una aplicación «respetuosa y reflexiva». Las próximas semanas indicarán si el circuito absorbe la reforma sin turbulencias o si aparecen grietas en un vestuario que la cuestión del género nunca había fracturado realmente hasta ahora.